En un contexto histórico latinoamericano en que el Estado abre oportunidades para la promoción de la diversidad al mismo tiempo que despolitiza la identidad de los pueblos indígenas y la lucha por sus derechos, algunos colectivos peruanos están desarrollando iniciativas novedosas y creativas a favor del quechua, desplegando agencia y activismo lingüístico en estrecha conexión con otras preocupaciones ciudadanas. Algunos de estos grupos, conformados sobre todo por jóvenes, optan por actuar al margen del Estado, rechazando de manera tajante las políticas lingüísticas estatales, mientras que otros aprovechan las opciones de financiamiento y de reconocimiento simbólico que la oficialidad les brinda. A partir de la revisión de dos casos que juzgamos representativos de ambas posturas, el del proyecto Quechua para Todos y el de la Asociación Puriyninchik, proponemos que la relación con el Estado constituye un eje relevante para observar el activismo lingüístico latinoamericano, y examinamos los retos y las posibilidades que atraviesan los colectivos al transitar por estos caminos.

Nota de autor 1

Nota de autor 2

Al igual que ocurre en otros contextos latinoamericanos en que el castellano comparte una historia conflictiva con diversas lenguas minorizadas (Cru 2015; De Korne 2021; Sichra 2016a, 2016b), en el Perú han comenzado a aflorar en la última década iniciativas de revalorización del quechua desde la sociedad civil, sobre todo por parte de jóvenes que intentan difundir la lengua originaria a través de la música urbana, la producción literaria, el uso de medios de comunicación alternativos y el desarrollo de clases de quechua presenciales y virtuales (Zavala 2019; Andrade y Howard 2021). Muchas de estas iniciativas están trabajando al margen del Estado y están teniendo una gran acogida por parte de la población. Otras, más bien, aprovechan las oportunidades estatales que favorecen la interculturalidad para desarrollar sus acciones. Partiendo de una perspectiva etnográfica y crítica de la política lingüística, y de las nociones de agencia y activismo en el marco de la antropología lingüística, en este trabajo discutiremos el tipo de interacción que se genera entre las iniciativas ciudadanas a favor del quechua y las instancias estatales, en un contexto en el que las intensas políticas neoliberales aplicadas en el Perú sitúan al Estado tanto “a favor” como “en contra” de las lenguas originarias. Específicamente, estudiaremos dos casos de vinculación entre la política lingüística estatal y las acciones desarrolladas desde la sociedad civil. Por un lado, veremos un ejemplo que muestra un tajante rechazo de los protagonistas respecto al vínculo con el Estado y, por otro, un caso que ilustra un involucramiento claro, aunque moderado, con este. Sostendremos que, en el Perú, la existencia o no de este nexo supone oportunidades y desafíos específicos que conviene tomar en cuenta al estudiar y caracterizar el activismo lingüístico.

La primera experiencia es la del proyecto Quechua para Todos (QPT), una iniciativa orientada a enseñar quechua a adultos de forma gratuita, tanto de manera presencial como virtual. Su opción explícita es no vincularse con el Estado, pues sus miembros han desarrollado una propuesta crítica que perciben como muy distante de la política estatal en torno a las lenguas originarias. Además, se dirigen mayormente a una población urbana con raíces andinas, que no está incluida entre los destinatarios previstos por las políticas lingüísticas estatales. El segundo caso es el de la Asociación Puriyninchik (‘Nuestro Caminar’), un colectivo ayacuchano que intenta negociar con el Estado, específicamente con el sector cultural. Aunque en cierto sentido lo logra, transformando en el camino sus objetivos y estrategias para responder de manera eficiente a las propuestas estatales, la experiencia muestra las dificultades y cortapisas que supone negociar con las instituciones oficiales. Ambas opciones son maneras legítimas de desplegar la agencia en relación con las lenguas originarias, los hablantes y la construcción de la ciudadanía, pero conviene distinguirlas y observar con detalle sus particularidades.

Las políticas del Estado peruano en torno a las lenguas originarias se enmarcan en un orden jurídico internacional y en reformas constitucionales nacionales que avalan la diversidad étnica, favorecen la interculturalidad y posicionan a los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Además de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT a comienzos de la década de 1990, en el siglo XXI el Estado peruano ha desarrollado políticas importantes a favor de los pueblos originarios. Creó el Viceministerio de Interculturalidad en el 2010 para que funcionara como ente rector de este tipo de políticas, emitió la Ley de Consulta Previa (Ley 29785) en el 2011 para proteger los derechos colectivos de estos pueblos e incluyó una pregunta sobre autoidentificación étnica en el Censo Nacional de Población del año 2017. Todo esto ocurrió en el marco de una “República Empresarial” de fortalecimiento capitalista que se inició con el gobierno de Fujimori en 1990 y que luego logró continuidad a partir de liderazgos partidarios que mantuvieron un fuerte modelo neoliberal en una alianza con la tecnocracia, el empresariado y la gran prensa (Cosamalón y Durand 2022). Algunas características de este modelo incluyen el retroceso sindical, el incentivo de las industrias extractivas y la gran minería, y la desregulación y privatización de las empresas de servicios públicos, incluida la educación.

En cuanto a la política lingüística, se aprobó una Ley de Lenguas Indígenas u Originarias (Ley 29735) en el año 2011 y la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Bilingüe en el 2016. A pesar de este marco legal avanzado y frondoso, el Estado peruano, tomado en su conjunto, no ha desarrollado una política indígena coherente (Huber 2021). El auge de las políticas interculturales ha venido de la mano de la intensificación del neoliberalismo, produciendo un régimen de “multiculturalismo neoliberal” (Hale 2005) que recurre al reconocimiento de elementos culturales (como la música, la artesanía o la lengua), pero despolitiza la identidad indígena y la lucha por sus derechos (Brown 2015; Rivera Cusicanqui 2015; Hale 2005). De hecho, se puede observar que las instancias estatales parecen comprometerse con la defensa de los derechos lingüísticos, pero llevan a cabo acciones paralelas que atentan contra otros derechos políticos y culturales de los pueblos indígenas. Así, podemos señalar que el Estado peruano simultáneamente incorpora y margina a los pueblos originarios.

En las últimas cinco décadas, el Estado peruano ha intentado garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas originarias como lengua materna que viven en áreas rurales y que supuestamente encarnan la cosmovisión indígena, en el marco de ideologías esencialistas de la lengua y la identidad, discursos de las lenguas en peligro y perspectivas reduccionistas y dicotómicas del bilingüismo (Zavala 2020). La enseñanza de las lenguas originarias se ha limitado a la implementación de la educación intercultural bilingüe en zonas rurales y solo en el nivel de la primaria, como una modalidad remedial y compensatoria para estudiantes que aún no saben castellano. Como también se ha discutido para otros contextos, se puede apreciar una tensión entre una visión restringida y estática de la identidad desarrollada por el Estado y la experiencia vivida de los pueblos indígenas, que despliegan identidades fluidas y dinámicas muchas veces desterritorializadas (Briones 1998). A pesar de que la mayoría de personas que se definen como quechuas en el Perú son urbanas (INEI 2017), el Estado mantiene una fantasía del “indio” rural, congelado en el tiempo y externo a la historia (De la Cadena y Starn 2010; Huber 2021). Este imaginario no se corresponde con la realidad de los quechuas contemporáneos, muchos de los cuales acceden a la educación superior, tienen trayectorias móviles, usan los recursos lingüísticos de formas heteroglósicas y se conectan con los nuevos medios de manera intensa. Estas políticas estatales no solo terminan excluyendo a importantes sectores de la población, sino que también debilitan a los grupos a los que supuestamente protegen, como aquellos que se benefician de la EIB.

En este trabajo, queremos relevar el rol de actores locales que emergen en el contexto anteriormente descrito y que están desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de las políticas lingüísticas. Estos actores locales suelen ser jóvenes hijos o hijas de personas quechuahablantes, viven en zonas urbanas y, a diferencia de sus padres, han accedido a la educación superior a partir de los procesos de masificación universitaria producidos en las últimas décadas. Asimismo, tienen manejos muy heterogéneos de la lengua originaria, no solo dependiendo de dónde nacieron, sino también de sus trayectorias de socialización en los diferentes espacios. Hoy en día, en el marco del repliegue estatal marcado por el neoliberalismo, estos actores locales y sus posicionamientos agentivos de “ciudadanía lingüística” (Williams & Stroud 2013) están generando más cambios en la sociedad que las propias políticas estatales a favor de las poblaciones indígenas, basadas en los derechos lingüísticos, que no solo han demostrado ser insuficientes, sino también excluyentes (Lim, Stroud y Wee 2018). Pareciera que vivimos un momento en el que la legislación política pierde algo de importancia y la sociedad civil encuentra otras maneras de hacer política lingüística, en una dinámica que implica negociar con el Estado de formas complejas, estratégicas y puntuales. A continuación, presentaremos algunas reflexiones teóricas sobre política lingüística, agencia y activismo (sección 2), para luego analizar las dos iniciativas mencionadas (sección 3). En la última sección sintetizamos nuestros hallazgos leyéndolos a partir de las discusiones teóricas previamente desarrolladas y señalamos algunas vías por las que juzgamos productivo avanzar en esta línea de investigación.

Los datos que analizamos en este trabajo provienen de metodologías de corte etnográfico que hemos desarrollado con las iniciativas mencionadas. En el caso de QPT, uno de los autores de este artículo ha venido acompañando el proceso de este colectivo desde hace tres años. Como parte de ello, ha realizado entrevistas con varios de sus miembros, ha conducido grupos focales con estudiantes, ha consultado documentación variada, y ha participado en clases de quechua y otro tipo de eventos. En el caso de la Asociación Puriyninchik, el otro autor realizó dos entrevistas en profundidad con su fundadora, además de haber venido siguiendo la actividad grupal en redes sociales y de haber revisado diversos tipos de documentos vinculados con la experiencia. En ambos casos, las personas a las que se entrevistó fueron elegidas por su importancia para los procesos desplegados por ambas iniciativas. Además de lo anterior, ambos autores han indagado en otras iniciativas similares, lo que posibilita situar los casos incluidos en este artículo como parte de un fenómeno más amplio de activismo lingüístico en tiempos neoliberales.

El campo de la política lingüística empezó centrándose en la construcción de la nación, la integración política, las políticas educativas nacionales y el rol de las lenguas oficiales “de arriba hacia abajo” (Tollefson y Pérez Milans 2018: 4). Más adelante, el marco histórico-estructural también priorizó el análisis de la política lingüística llevada a cabo desde el Estado, pero con un enfoque crítico. Ambas perspectivas han sido cuestionadas por subestimar el poder de la agencia humana y por no capturar los complejos procesos de políticas lingüísticas desarrollados en diversos niveles (Ricento y Hornberger 1996; Johnson y Ricento 2013; Menken y García 2010; McCarty 2010). Desde hace aproximadamente dos décadas, el campo de las políticas lingüísticas ha añadido una perspectiva etnográfica al posicionamiento crítico de los investigadores, con el objetivo de abordar la acción política en múltiples espacios y tomando en cuenta la diversidad de actores sociales implicados. De esta manera, el campo ha girado hacia la conceptualización del lenguaje como práctica social, la comprensión de las identidades como múltiples y fluidas, y el desarrollo de metodologías de investigación enfocadas en los procesos y no solo en los resultados (Tollefson y Pérez Milans 2018).

La investigación etnográfica contemporánea sobre política lingüística ha propuesto reconocer el rol agentivo de los hablantes en su contribución a la construcción de la vida social, lo que implica focalizar la atención en la interacción humana y la producción de significados (Hornberger y Johnson 2007; Martín-Jones y Da Costa Cabral 2018: 20). En el marco de estos cambios, el campo ha empezado a mirar más de cerca las iniciativas ciudadanas. Así, ha abordado cómo los maestros, las familias, los trabajadores en diferentes instituciones y otros grupos sociales toman decisiones sobre los recursos lingüísticos, con consecuencias importantes sobre la forma en que el lenguaje se usa y se aprende.

Sin embargo, esta mirada más atenta a las acciones de la sociedad civil puede terminar dejando de lado las múltiples maneras como estas iniciativas se conectan de alguna u otra forma con el Estado. Nosotros buscamos recuperar un enfoque más dinámico, que intente abarcar las relaciones complejas que se establecen entre las acciones de los actores sociales y las propuestas estatales en diversos niveles, como dimensiones que se configuran mutuamente de formas complejas, aunque en la práctica no necesariamente dialoguen. Esto nos permitirá abordar la interacción entre la agencia, la estructura y sus restricciones, así como el cambio social, prestando atención a la forma como operan las relaciones de poder (Pérez Milans 2013: 31).

Ahora bien, no estamos postulando una dicotomía entre un nivel estatal “macro” y un nivel “micro” de iniciativas ciudadanas. A partir de los cuestionamientos de esta división en la antropología lingüística (Wortham 2012), sabemos que no existe un conjunto de ideologías homogéneas a nivel “macro” a partir de las cuales se pueda explicar todo tipo de restricciones, sino que existen recursos heterogéneos a diversas escalas que funcionan en el marco de una estructura estatal fragmentada y muchas veces contradictoria. Por su parte, el nivel “micro” de los colectivos de la sociedad civil tampoco opera de forma autónoma, sino que se conecta en una serie de cambiantes relaciones, a varios niveles, con otras instancias y actores, muchos de ellos estatales. En este sentido, la clásica distinción binaria entre políticas operadas “desde arriba” e iniciativas desplegadas “desde abajo” pierde fuerza explicativa.

Antes bien, las políticas lingüísticas constituyen procesos dinámicos que se extienden en el tiempo. De hecho, los efectos de las iniciativas ciudadanas se comienzan a apreciar luego de varios años. En el caso del Perú, ya estamos presenciando estos cambios, tanto en el nivel de los imaginarios como en los usos de las lenguas originarias. En las redes sociales, por ejemplo, podemos encontrar comentarios como el siguiente, donde se aprecia un alto grado de conciencia en relación con las modificaciones que se están generando: “Gracias al esfuerzo de los jóvenes quechua hablantes ha crecido el interés por nuestro idioma, Yanapanakuy sipascha!!!!” 3 . Un joven profesor de QPT también lo señala claramente:

Desde la ciudadanía, hoy en día existe un impulso de reivindicar las lenguas originarias y hay una demanda social, hay una mayor aceptación, situación que dos décadas atrás estaba totalmente paralizada. Hablar del quechua era hablar de gente, pues, que era inculta, o de una lengua que no te puede aportar, había mucho prejuicio al respecto. Considero que los quechuahablantes nos hemos estado aperturando y de parte del Estado hay cierta respuesta ante esta demanda (entrevista a Ebert Villanueva, 19/04/2022) 4 .

En el contexto del capitalismo tardío en el que nos encontramos, habría que preguntarnos cómo las intensas políticas neoliberales desarrolladas en el Perú y las diversas formas de globalización están impactando en las iniciativas de la sociedad civil, las acciones estatales y el vínculo entre ellas a favor de las lenguas originarias. Nuestro argumento es que las políticas estatales pierden impacto en este contexto y las iniciativas ciudadanas van cobrando mayor peso, aunque siempre en diálogo con las ideologías dominantes que circulan en la sociedad. El rol agentivo de estas iniciativas también se acrecienta: en lugar de solamente interpretar o apropiarse de las políticas oficiales de cierta forma (Johnson 2009), los grupos activistas comienzan a generar rutas alternativas que discrepan de ellas en mayor medida y que recorren de formas inusitadas y con mayor impacto social.

La agencia constituye una noción polémica que busca explicar cómo las acciones de las personas influyen en su entorno, pero también son influidas por las estructuras sociales. En el campo de la antropología lingüística, el concepto ha atravesado una trayectoria interesante desde las “definiciones preliminares” o working definitions, que ponían el acento en el grado de control de los seres humanos sobre sus propias acciones, su capacidad de afectar a otros (y en ocasiones a sí mismos) y el hecho de que los resultados de dichas acciones puedan ser evaluados por los demás (Duranti 2004: 453). Desarrollos posteriores han enfatizado que la agencia se corresponde de manera clara con las prácticas semióticas, muchas veces no conscientes ni planificadas, de los sujetos, e incluyen de manera preponderante el cuerpo como lugar agentivo. Nuevas elaboraciones han ampliado los alcances del concepto desde los seres humanos hacia otros seres vivos y el espacio y los objetos circundantes, enfatizando el ensamblaje entre los sujetos, sus redes sociales y determinados conjuntos de entidades no humanas a través de “prácticas distribuidas” (Canagarajah 2017).

Algunos años antes de la propuesta de Duranti, Ahearn (2001 , 2010) había definido la agencia como la “capacidad socioculturalmente mediada para actuar”, poniendo el foco en las elecciones de las personas, que están siempre constreñidas por las estructuras sociales y la cultura. En otras palabras, las elecciones que realizan los individuos siempre se despliegan en el marco de los efectos de las fuerzas ideológicas que han construido su subjetividad. En los casos que abordaremos, será importante mirar cómo estas estructuras sociales dominantes restringen la agencia desplegada en relación con las lenguas originarias. Sin embargo, también observaremos qué márgenes de acción descubren los actores a partir de las oportunidades que les abren las propuestas del Estado a favor de la diversidad lingüística y cultural.

De manera más reciente, Parish y Hall ( 2021) han matizado la definición de Ahearn para abordar la agencia como “la capacidad para la acción socialmente significativa”, que releva la creación e interpretación de los significados en contextos sociales situados. Para estos autores, la agencia y la producción de significados serían co-constitutivos; no existiría una sin la otra. Precisamente la noción de indexicalidad, desarrollada en la antropología lingüística (Agha 2003; Silverstein 2003), permite aproximarnos a este fenómeno: los sujetos agentivos desarrollan acciones que pueden reproducir significados sociales previamente asociados, a través de la historia (Inoue

2004), a determinadas formas lingüísticas, en el marco de campos fluidos y siempre cambiantes (Eckert 2008). En la medida en que estas asociaciones no son fijas, los sujetos también pueden alterarlas y eventualmente transformarlas, lo que abre la posibilidad del cambio social desde el lenguaje. Parish y Hall ( 2021) señalan que la indexicalidad es un concepto clave para interrogarnos sobre la agencia humana especialmente en relación con los grupos Marginalizados, como los hablantes de lenguas originarias, dado que sus acciones suelen ser imaginadas e interpretadas como inferiores e ilegítimas desde la mirada y la escucha Hegemónica.

Asimismo, la literatura reciente destaca que esta capacidad para actuar de forma significativa no solo se desarrolla mediante recursos verbales sino vía procesos semióticos de diversa índole, incluidas acciones corporales no verbales que habitualmente han sido desdeñadas, debido al “sesgo lingual” o lingual bias que ha marcado la disciplina desde los enfoques estructuralistas; esto es, “la tendencia a concebir las prácticas comunicativas exclusivamente en términos lingüísticos (morfología, sintaxis, fonología, léxico)” (Block 2014: 56). Para Parish y Hall ( 2021), en cambio, la corporalidad constituye el lugar central para el despliegue de la agencia, pues “en última instancia”, el cuerpo “es aquello que actúa y aquello sobre lo cual se actúa”. Más aún, según señalan, “los cuerpos son intrínsecos al lenguaje: el lenguaje debe ser hablado, escrito, signado o situado de alguna otra forma en un cuerpo” (Parish y Hall 2021: 4), sin olvidar que lo que se entiende por “cuerpo” está tan abierto a especificidades culturales como la propia noción de agencia.

Además de esta dimensión de embodiment o corporalidad, la investigación reciente ha propuesto entender la agencia como una propiedad también relacionada con instancias no humanas, observándola en espacios circundantes que se vinculan de manera dialéctica con la acción de las personas (Canagarajah 2017) y que, en determinados grupos sociales, ponen a los sujetos en relación con especies animales (Parish y Hall 2021) e incluso con ensamblajes de objetos tecnológicos (Wee 2021). Desde un punto de vista etnográfico, los investigadores deberíamos estar abiertos a respuestas nuevas, no universalizantes ni preestablecidas, a la pregunta sobre qué entidades son agentivas (Parish y Hall 2021). Así, esta reciente apertura a una visión más difusa y distribuida de la agencia se justifica metodológicamente. Sin embargo, este mismo desarrollo teórico obliga a replantear el papel de la evaluación y la atribución de responsabilidades como parte central de la noción que estamos revisando, tal como planteaba Duranti (2004 ), pues ello resulta especialmente desafiante, si no imposible, con instancias no humanas de tan diverso tipo como las que hemos mencionado. Por ello, es especialmente importante definir de entrada a los posibles actores involucrados en estos actos (Parish y Hall 2021), preguntándonos quiénes (y qué ensamblajes de objetos, eventualmente) actúan de forma agentiva en relación con el quechua; qué piensan los actores sobre ellos, sobre sí mismos, sobre los cambios que pueden generar y sobre los límites de sus acciones, a través de un discurso metaagentivo (Ahearn 2010).

La noción de activismo lingüístico puede capturar las manifestaciones más visibles de la agencia al referirse, de manera amplia, a las iniciativas estratégicas que desarrollan las personas y los colectivos en relación con los diversos recursos vinculados con el lenguaje, en estrecha conexión con otras preocupaciones ciudadanas. En este sentido, se puede afirmar que el concepto de activismo se inscribe en la primera dimensión de la definición de agencia propuesta por Duranti (2004 ); esto es, el grado de control de los seres humanos sobre sus propias acciones.

En las últimas décadas, han proliferado iniciativas de activismo lingüístico en diferentes contextos latinoamericanos, que desarrollan intervenciones vinculadas a las lenguas originarias, pero siempre en conexión con otro tipo de problemáticas sociales. Aunque algunos miembros de los colectivos abordados en este trabajo no se definen como “activistas”, podríamos enmarcar sus iniciativas usando esta noción, pues desarrollan proyectos sociales con miras a contrarrestar desigualdades relacionadas con el lenguaje (De Korne 2021). El despliegue de su agencia, como enfatiza De Korne (2021: 18), puede consistir, por un lado, en prácticas sociales no intencionales y, por otro, en estrategias, es decir, prácticas más directamente orientadas por la voluntad de influir en la vida social, incluso si se trata de iniciativas silenciosas, que no se avienen con los estereotipos habituales del activismo: ruidoso, público y dirigido con precisión a una meta puntual.

A partir de un largo trabajo de campo en el Istmo, Oaxaca, México, De Korne (2021) ha desarrollado una propuesta descriptiva, que no tiene un afán normativo ni pretensiones de exhaustividad, para entender estas últimas prácticas intencionales, que son las que más nos interesa observar en nuestro análisis. En un esquema bastante flexible —puesto que no presupone la existencia de una “cura mágica” ni estrategias universales ni activismos “buenos” o “malos”—, ella diferencia iniciativas orientadas a (1) la creación estratégica de recursos; (2) la conexión estratégica entre personas, objetos y espacios; y (3) el cambio estratégico de representaciones. Los objetivos de estas iniciativas pueden ser, respectivamente: (1) la producción de libros, manuales, diccionarios o guías para la enseñanza de las lenguas originarias; (2) eventos que pongan en relación a los diferentes actores vinculados con temas de ciudadanía y lenguaje, tanto a los que se definen como gestores principales de los cambios como a los que se ubican en la periferia; y (3) cambios en la representación de las identidades de las personas, las prácticas comunicativas, así como en la concepción de los espacios y las estructuras, en vínculo estrecho con el lenguaje.

Algunos casos más concretos nos servirán para comprender mejor estas tres orientaciones (De Korne 2021: 188-199). En el terreno de la creación de recursos, la investigadora incluye, por ejemplo, la producción de una norma específica para la escritura del zapoteco del Istmo o diidxazá. Ilustra el campo de las conexiones estratégicas con la iniciativa de conducir a estudiantes de pedagogía en la lengua originaria a una biblioteca especializada para que entren en contacto con profesores más experimentados. En el marco del cambio de representaciones, De Korne ofrece como ejemplo la promoción del hip-hop zapoteco como una alternativa musical cool en la radio.

Es claro que estas orientaciones pueden entrecruzarse. Así, en el último caso, la promoción radial implica la producción previa de las piezas de hip-hop que van a ser difundidas. Del mismo modo, el diseño de materiales pedagógicos en una lengua originaria con el objetivo específico de que sean atractivos y sofisticados puede ilustrar el entrecruzamiento de dos tendencias: la creación estratégica de recursos y el cambio de representaciones. Si bien una iniciativa como esta implica, en primer lugar, la producción de los materiales, el acento puesto por los activistas zapotecos en asociar indexicalmente la sofisticación y el atractivo a la lengua originaria probablemente ha llevado a caracterizar la acción como una centralmente orientada a modificar las representaciones hegemónicas (De Korne 2021: 198).

Además de estas orientaciones generales y de sus objetivos (el qué de las estrategias activistas), la propuesta de De Korne (2021: 20-21) especifica algunas maneras habituales en que dichas iniciativas se llevan a cabo (el cómo de dichas estrategias). Estas maneras abordan diferentes aspectos de las acciones analizadas: su localización (en un continuo que va de lo local a lo internacional), su rango temporal (en un continuo que va de lo lento a lo rápido), su visibilidad y movilidad (en un continuo que va de lo bajo a lo alto), su orientación sociohistórica (en un continuo que va del pasado al futuro), su orientación hacia la diversidad (en un continuo que va del sincretismo al purismo) y, finalmente, su forma de entender la participación (en un continuo que va de lo abierto a lo controlado). En este trabajo propondremos que un eje adicional que es relevante tomar en cuenta en el caso peruano es la relación con el Estado (en un continuo que iría del rechazo al involucramiento activo).

En este momento histórico, en el que intervenciones ciudadanas, sobre todo desplegadas por los jóvenes, están impactando en cambios sociales en relación con las lenguas originarias, resulta fundamental entender la lógica de estos sujetos agentivos, sus maneras de vincularse con el Estado y el rol que están cumpliendo en los debates en torno a la política lingüística. Las propuestas teóricas antes reseñadas sobre la política lingüística, la agencia y el activismo nos servirán para observar dos casos que juzgamos representativos de tendencias más generales sobre la revitalización del quechua en el Perú.

Quechua para Todos (QPT) es un proyecto que ha estado enseñando quechua de forma gratuita desde hace ocho años en la ciudad de Lima, de manera presencial antes de la pandemia y virtual a partir del año 2020. Sus fundadores son jóvenes profesionales que migraron a Lima desde Ayacucho cuando eran niños y que han reclutado a más personas para que enseñen quechua, muchas de las cuales estudiaron en QPT con un conocimiento previo de la lengua. Para sus fundadores, la base del proyecto son los valores de la reciprocidad andina. Por esta razón, los estudiantes no son conceptualizados como beneficiarios sino como agentes comunitarios, quienes terminan comprometiéndose con el proyecto en calidad de profesores, pero también de ilustradores de textos, diseñadores de la página web, músicos o solo como gente que apoya la iniciativa de forma permanente. La mayoría de las personas que se matriculan en los cursos están en un rango de entre 20 y 30 años de edad y tienen padres y/o abuelos quechuahablantes que han sufrido discriminación por usar la lengua originaria. A la fecha, hay aproximadamente 20.000 personas que se han beneficiado de los cursos de quechua de este colectivo, por lo menos del curso de quechua básico, y la demanda sigue creciendo.

El proyecto es muy abierto e inclusivo porque acoge a todo tipo de estudiantes con diferentes manejos del quechua (o ninguno), con conocimiento de diferentes variedades de la lengua y con diversas conexiones con la tradición andina. Sin embargo, los miembros de QPT tienen una gran desconfianza con el Estado y su política en relación con las lenguas originarias. En sus inicios, antes de venir a Lima, cuando trabajaban en Huanta (Ayacucho), sus fundadores intentaron implementar un curso de quechua con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huanta. Luego de “un trámite burocrático muy complicado”, “una gestión que duró más de dos meses” y la constatación de que en la UGEL “no compartían nuestro entusiasmo” (entrevista con Luis Paucar, 06/06/2022), el curso — exclusivamente para docentes— se llevó a cabo con poquísimos inscritos.

Es en Lima donde recién el proyecto descubre la demanda de un público joven y urbano. Después de ocho años de trabajo persistente, Luis Paucar, uno de los fundadores y psicólogo de profesión, señala que “el único enemigo del quechua es el Estado”. Y luego añade: “Se ponen obstáculos, se ponen trabas, conscientes o también por dejadez o desconocimiento, hay de todo, se hace adrede también por una serie de intereses que hay” (entrevista, 05/03/2020). Sofía Mondragón, una joven universitaria hija de padres quechuahablantes huancavelicanos y residente en Lima, que apoya con la gestión del proyecto y su difusión en redes sociales, argumenta que no están dispuestos a solicitar apoyo económico a instancias estatales porque no hay compromiso ni voluntad política en relación con las lenguas originarias: “En general, el Estado siempre es dejar poner su sello de que lo hizo, y que gastó y que usó el recurso público, y luego ponen su nombre y su firma” (entrevista, 03/12/2021). La representación que estos miembros de QPT construyen sobre el Estado es la de un agente que obstaculiza de forma consciente (Luis Paucar) y la de una instancia que, en palabras de Sofía Mondragón, se “apropia” de las iniciativas sin darles sostenibilidad y sin comprometerse realmente con la causa.

A pesar de lo anterior, QPT ha dictado cursos en una diversidad de espacios estatales hasta antes de la pandemia, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Biblioteca Nacional (BN), lo que muestra que sí ha establecido algunos vínculos estratégicos con instancias estatales. Sin embargo, el acceso a estos espacios no se debió a que las instituciones se comprometieron con el proyecto de manera sostenible, sino a que algún exestudiante del curso que trabajaba en la BN o integraba alguna organización gremial estudiantil en el caso de la UNMSM gestionó el permiso de manera temporal. Por esta razón, la permanencia de QPT en estas instituciones siempre fue muy frágil. En el caso de la BN, por ejemplo, el colectivo tuvo que retirarse luego de un tiempo porque la demanda de los estudiantes por los cursos comenzó a crecer (ver figura 1). Así lo explica Ebert Villanueva, joven residente en Lima, con padres quechuahablantes ayacuchanos, estudiante de antropología en la UNMSM y uno de los docentes del proyecto: “Hay un interés publicitario, de marketing, pero al final, cuando se vuelve una consigna de militancia de la lengua, ya no se quieren comprometer porque demanda un compromiso mayor” (entrevista, 19/04/2022). Este profesor construye al Estado como una instancia que “se asusta” ante la creciente demanda, porque su compromiso no es genuino o, en todo caso, es muy limitado. Más aún, produce una distinción entre un interés vinculado con la mercantilización de la lengua (“publicitario”, “de marketing”) y otro relacionado con “la militancia” comprometida. La ambigüedad que muestran las instituciones estatales al apoyar y simultáneamente no apoyar estas iniciativas también revela la fragmentación del Estado y la ausencia de ideologías homogéneas en su interior.

Los miembros de este proyecto no están dispuestos a articularse con el Estado porque son conscientes de que su propuesta no se alinea con la política oficial en relación con las lenguas originarias: “Cuando entra la institución, tiene sus propias lógicas, su forma de ver las cosas, de dirigirlo, gestionarlo. No necesariamente podemos coincidir” (entrevista con Sofía Mondragón, 03/12/2021). Por ejemplo, cuestionan que la enseñanza de las lenguas originarias por parte del Estado se restringe a enseñar quechua (y en quechua) en las escuelas de educación primaria intercultural bilingüe en zonas rurales, debido a que esto limita los alcances de esta modalidad educativa. En este punto coinciden los jóvenes de la Asociación Puriyninchik, sobre la cual trataremos en la siguiente sección.

Según Luis Paucar, “lo que hace el Estado no es significativo y tiene que hacerse más fuerte” (entrevista, 05/03/2020), declaración que construye las acciones estatales como muy alejadas de los cambios sustanciales. De hecho, el colectivo apuesta por la masificación del quechua en todo el país. Es interesante cómo este discurso metaagentivo (Ahearn 2010), a través del cual los miembros de QPT se refieren a la agencia que ellos despliegan en contraposición con las acciones estatales, releva la importancia de desafiar la situación actual del quechua y de no seguir haciendo más de lo mismo. Ahora bien, aunque se construyen distinguiéndose de las acciones estatales, estas no dejan de estar presentes como marco de referencia en las iniciativas del proyecto.

Además, varios miembros de QPT ponen énfasis en la necesidad de adoptar una perspectiva crítica que no perciben en el Estado, por lo menos en algunos sectores de este. Ebert Villanueva, por ejemplo, señala que el discurso estatal “cae en lo identitario, en lo cultural, en lo novedoso, mas no aterriza necesariamente en un posicionamiento crítico”. Según este profesor, el Estado asume “la cultura como comercio, mas no como herramienta crítica que nos pueda ayudar a entender todos los procesos sociales que han existido y a partir de eso construir una ciudadanía inclusiva de verdad” (entrevista, 19/04/2022). Sofía Mondragón reproduce la misma idea: “Algo que se siente en el espacio [de QPT] es tener esa libertad y responsabilidad de poder hacer las cosas bajo una mirada crítica, bajo una mirada que estamos tratando de sostener” (entrevista, 03/12/2021). Así, entonces, el objetivo de QPT no solo consiste en enseñar la lengua, sino en formar ciudadanos que reflexionen, problematicen y sean críticos con relación al quechua, perspectiva que se opondría a un interculturalismo despolitizado (“cae en lo identitario, en lo cultural”) y a una mercantilización de la lengua (“la cultura como comercio”). Sin embargo, podemos señalar también que, en la práctica, la agencia de este colectivo muestra la influencia de estructuras sociales dominantes, pues muchas veces los cursos despliegan un paradigma de gramática-traducción en la enseñanza, aspecto que históricamente ha primado en las políticas de formación docente en EIB y en la formación docente en general.

Los miembros de QPT reconocen que no existen iniciativas para enseñar la lengua a adultos desde el Estado y que es precisamente este quien debería ser el principal promotor de estas políticas. Sin embargo, también se percatan de que si las instituciones oficiales lo hicieran, lo harían “bajo la perspectiva desde el poder” (entrevista con Ebert Villanueva, 19/03/2022). Un primer ejemplo de esto concierne a los requisitos que seguramente se pondrían en espacios estatales para ser profesor de quechua: “Siempre se va a decir que quien enseña tiene que ser un docente formado en quechua, tener una maestría; se recurre bastante a los pergaminos, que no todos los que impulsan lo van a cumplir” (entrevista con Ebert Villanueva, 19/03/2022). Desde un cuestionamiento a las formas dominantes de legitimar la producción del conocimiento y de construir autoridad sobre las lenguas originarias, los integrantes de este proyecto están, más bien, a favor de “cátedras populares” gestionadas por iniciativas ciudadanas como la de QPT.

Un segundo ejemplo se vincula con el hecho de que los miembros de QPT resignifican la categoría identitaria de “quechua” imperante en el Estado o, por lo menos, en aquellas instancias que desarrollan políticas a favor de la población indígena, lo que muestra cambios estratégicos a nivel de las representaciones (De Korne 2021). A diferencia de la manera como el Estado reifica identidades esenciales como cajas cerradas, los jóvenes de QPT, hijos de migrantes en Lima, se reposicionan como andinos urbanos con identidades fluidas, que buscan recuperar la lengua originaria para reconciliarse con sus raíces, sus familias y sus comunidades originarias. Desde el Estado, ellos —y muchos de los estudiantes que tienen trayectorias similares— no encajan como sujetos de derecho con relación al aprendizaje del quechua.

El ejemplo anterior nos lleva al tema de los afectos. Desde QPT, la enseñanza de la lengua originaria en la ciudad se asocia fuertemente a una dimensión afectiva de la política lingüística (McEwan Fujita 2010) que legitima la iniciativa, en tanto “nos permite reconectar con nosotros mismos” (entrevista con Sofía Mondragón, 03/12/2021). De hecho, no solo los miembros de QPT sienten que la iniciativa impacta sobre su mundo afectivo. En algunas ocasiones, los participantes en los cursos dan sus testimonios sobre la presencia del quechua en sus vidas y terminan llorando por sentir que la iniciativa les toca “una fibra sensible”, tal como lo señaló un estudiante durante un curso presencial de quechua en el verano del año 2020. Esto remite al lugar de la corporalidad en el despliegue de la agencia, tanto a nivel de quienes actúan como promotores del proyecto como de aquellos sobre los que recaen sus iniciativas. Pareciera que la noción de activismo lingüístico (De Korne 2021) también tendría que incorporar esta dimensión afectiva a su tipología de acciones, que incluyen la creación de recursos, de conexiones estratégicas y de representaciones. Si bien la reconfiguración de las identidades se puede incluir en esta última orientación, parece una formulación demasiado general como para incorporar las dinámicas afectivas corporizadas que hemos observado en este grupo. Esta dimensión afectiva también muestra que, lejos de las instancias estatales, la lengua puede entenderse como un recurso clave para la conexión comunitaria y cultural (Leonard 2017).

Para finalizar esta sección, quisiéramos señalar que QPT no es el único colectivo que se opone a la relación con las instancias estatales. De hecho, los miembros de este grupo son conscientes de que otros también “tienen este recelo de involucrarse por el cambio de mirada que se puede hacer desde el Estado” (entrevista con Ebert Villanueva, 19/04/2022). La iniciativa de la revista literaria Atuqpa Chupan, que ya ha publicado siete números enteramente en quechua desde los Andes surcentrales, muestra la misma postura. Así, por ejemplo, el escritor Pablo Landeo, editor de la revista junto con la poeta Olivia Reginaldo, afirma categóricamente no haber tenido “esa clase de vínculos”. Al respecto, señala también tener “pánico” de ingresar a las entidades estatales y afirma que prefiere trabajar al margen, para que “la revista se desarrolle en el marco de lo que es la plena libertad” (entrevista con Pablo Landeo, 20/01/2022). Estamos, entonces, ante un patrón recurrente desde el cual se configuran algunas iniciativas de política lingüística desde la sociedad civil.

La biblioteca itinerante de la Asociación Puriyninchik (‘Nuestro Caminar’) se formó en el año 2019 en Ayacucho, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno que vivió el Perú durante las décadas de 1980 y 1990, proceso en el que se enfrentaron los grupos terroristas con las fuerzas policiales y militares, y que generó un lamentable saldo de muertes y desapariciones forzadas (Comisión de la Verdad y Reconciliación 2011). A partir de un “librero-retablo” —armazón que recoge una de las manifestaciones características del arte tradicional ayacuchano, el retablo o cajón de San Marcos (ver Figura 2)—, la asociación empezó en ese año a desarrollar acciones públicas de lectura infantil que enfatizan el disfrute y el lado estético y libre de la experiencia. El equipo está conformado por la presidenta y fundadora, una psicóloga bilingüe en quechua y castellano, nieta de personas quechuahablantes y muy identificada con la lengua (Yesenia Montes), dos misioneros de la iglesia presbiteriana, un contador, un sociólogo que trabaja, además, en el Gobierno Regional, y un grupo de voluntarios: dos educadores, una abogada-artista y una estudiante de comunicaciones. La mayor parte de ellos son jóvenes que viven en la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga, y tienen trayectorias bilingües muy heterogéneas.

Las actividades iniciales del colectivo, surgido de la iglesia presbiteriana (una denominación religiosa protestante), se basaron en convenios con dos municipios: el del distrito de Jesús Nazareno, en la provincia de Huamanga, y el municipio distrital de Sarhua, en la provincia de Víctor Fajardo; ambas son localidades ayacuchanas, la primera de carácter más urbano y la segunda más rural. En el año 2020, el equipo postuló a una convocatoria de estímulos económicos del Ministerio de Cultura con dos proyectos: uno para el fomento de la lectura y la escritura infantil en Sarhua y otro para la implementación de una biblioteca en Jesús Nazareno, zona en la que el trabajo con el quechua era menos visible. Al ganar el financiamiento el proyecto de Sarhua (titulado Kusi Yachay, ‘Aprender felices’), y no el de Jesús Nazareno, el grupo confirmó la relevancia de la revitalización del quechua en sus actividades. Esto es importante desde el punto de vista de las políticas lingüísticas, porque muestra la influencia de las propuestas estatales a favor de la diversidad cultural en las trayectorias de las iniciativas.

Una vez en la localidad, decidido a fomentar la lectura y la escritura en quechua entre los niños y niñas de Sarhua durante los meses de vacaciones escolares, el equipo se dio cuenta de que no había publicaciones en quechua (“ahí nos sacudimos frente a la realidad”, dice la presidenta, Yesenia Montes). Buscaron libros infantiles en la lengua originaria, pero lo que encontraron “no era tan agradable [...], con ese cuidado editorial, con esa belleza que también tienen los libros infantiles” (entrevista, 17/01/2022). Entonces, decidieron empezar a crear libros con la participación directa de los niños beneficiarios, que sumaban treinta y dos, como creadores y redactores. También se presentaron dificultades relacionadas con la ausencia de formación de los niños en la lectoescritura quechua, con la tradición punitiva de la escuela y sobre todo con la desvalorización de la propia experiencia vital por parte de los pequeños: “Pero pitaq kaytaqa liyinqa?; pitaq munanman ñuqapa kawsayniymanta yachaytaqa? (‘¿Pero quién va a leer esto?; ¿quién querría saber acerca de mi vida?’)”, recuerda Yesenia Montes que decían los niños cuando evaluaban la posibilidad de escribir sobre el pastoreo que realizan, sobre la primera vez que vieron al cóndor o sobre las anécdotas que les habían relatado sus abuelos, en vez de contar “historias de princesas” o relatos basados en los programas de televisión 5 .

Frente a estas dificultades, la respuesta del equipo fue quedarse permanentemente en Sarhua en los primeros meses del 2021, en plena pandemia, y reforzar el acompañamiento pedagógico sin descuidar la motivación de los pequeños participantes y sus familias. El discurso de Yesenia Montes enfatiza el compromiso del equipo por lograr un cambio de representaciones no solo sobre el quechua, sino sobre las propias experiencias vitales de los niños y sus procesos identitarios, a través del involucramiento creativo con la escritura. Vemos aquí una conexión clara entre los asuntos del lenguaje con otras preocupaciones ciudadanas (De Korne 2021). Finalmente, los niños lograron conectar, a través de la lectura de libros atractivos “mediados” por el equipo, tanto en quechua como en castellano, con su deseo de escribir. Pero también con las ganas de hacerlo en quechua: especialmente algunas niñas decidieron redactar libros sobre watuchis o adivinanzas en la lengua originaria en el marco de las actividades grupales (“Ñuqaqa qichwapim qillqakusaq, diciendo, se entercaban”, refiere Yesenia Montes), 6 lo que generó que otros “se antojaran” de hacer lo mismo. De cualquier forma, “para nosotros no es obligarlos a que escriban en quechua; también es todo un tema escribir en quechua”, reflexiona. El logro consiste en que “por lo menos todos los niños tengan un libro sobre el que digan: ¡Es mi libro!”, con cariño y compromiso. Es notorio acá el énfasis en los aspectos emocionales de la lectoescritura, construido desde un repertorio propio de la psicopedagogía.

En nuestras entrevistas, ahondamos en los recursos que la preparación del proyecto Kusi Yachay le demandó al equipo. “Este tipo de estímulos económicos es para gente que sabe hacer proyectos”, señala Yesenia Montes. Describe cómo fue la sesión en la que el colectivo elaboró la postulación, siguiendo una metodología de “árbol de problemas”:

Nos sentamos y planteamos como una lluvia de ideas, cada uno nos pusimos papelitos y empezamos a escribir qué problemas hemos visto en este tiempo de intervención en cuanto al fomento de la lectura, qué problemas hemos visto en nuestra realidad, ¿no?, en nuestro contexto. [...] Y empezamos ahí a armar la idea, a partir de esa lluvia de ideas a armar como nuestro árbol de problemas y todo ello. Y así lo hicimos una mañana de trabajo, ¿no? [...]. Entonces, como que nos ayudó a tener mucho más certeza de identificar el problema y a partir de eso armar los objetivos principales y secundarios también, ¿no?, y que esta estructura del proyecto tenga como que… consistencia (entrevista, 17/01/2022).

La asociación cuenta con miembros que tienen la experiencia requerida en la formulación de proyectos para el sector público, y que le permitieron al equipo definir apropiadamente “los resultados esperados, los indicadores, el marco teórico…”. En cambio, Yesenia Montes señala que hay otras personas, “gestores culturales con años de trayectoria”, que, por no contar con este tipo de pericias, no pueden aprovechar las oportunidades que el Estado ofrece hoy en día a favor de la diversidad cultural y lingüística. “Una piedra en el zapato es no saber hacer proyectos”, asegura (entrevista, 17/01/2022). Desde un punto de vista sociolingüístico, estamos ante el manejo de un registro, con un repertorio léxico y formas discursivas específicas, que, para alcanzar el éxito, exige determinadas prácticas letradas, como aquella vinculada a la elaboración del árbol de problemas. Se trata de una suerte de filtro de guardianía o gatekeeping para que los grupos accedan a los recursos simbólicos y materiales del Estado.

Más allá del cumplimiento puntual de los objetivos del proyecto, la asociación logró que el municipio distrital de Sarhua se interesara en llevar, una vez por semana, la experiencia fuera de la capital, a los anexos rurales de la jurisdicción, y que refaccionara un local para que funcionara como biblioteca comunal de manera permanente, un local más amplio que el originalmente asignado a las actividades del equipo. Aunque ambos efectos tuvieron problemas de ejecución, estos resultados dan cuenta de la capacidad que tuvo el colectivo de afectar a otros (Duranti 2004), y no solo a los beneficiarios directos (los niños).

Otro ejemplo se inscribe en el campo editorial. En paralelo al proyecto de Sarhua, la asociación empezó a publicar cuentos en quechua en libros de cartón reciclado, de bajo costo, y se convirtió en una “editorial cartonera”, denominada Puriq (‘Caminante’). Estos cuentos, creados por miembros del equipo (ver Figura 2), son distintos de los elaborados en proyectos como Kusi Yachay. Al ofrecer los libros en la ciudad de Ayacucho, se dieron cuenta de que los consumidores no solo eran niños, sino también adultos urbanos que buscaban practicar su manejo de la lengua originaria, lo que constituye un descubrimiento de potenciales beneficiarios que tradicionalmente han sido desdeñados por las políticas estatales. “Hay mucha gente adulta que compra para sí mismos; para practicar, para cantar, para tener juego de palabras, para ir como que, de manera amigable, acercándose al idioma” (entrevista a Yesenia Montes, 17/01/2022).

Por otra parte, la Unidad de Gestión Educativa Local de Yauyos (Lima) le compró a la editorial un lote de libros al por mayor. Aunque en Yauyos el quechua está fuertemente amenazado según los criterios de vitalidad de la UNESCO (Shimelman 2017: 1-4), los libros han servido, a solicitud de las maestras locales de educación inicial, para mostrar a los estudiantes que existe la posibilidad de contar con publicaciones en la lengua originaria. El interés por la producción editorial del equipo crece incluso a nivel internacional: han hecho una venta reciente destinada a Colombia, para las bibliotecas infantiles de las áreas de lengua inga o ingano, una variedad de quechua norteño. Estos resultados confirman que se trata de un activismo fuertemente orientado al cambio de representaciones sobre el idioma y a la creación de conexiones estratégicas, más allá de la región de origen, aunque la producción de recursos también está contemplada (De Korne 2021).

La creación de conexiones estratégicas también es un rasgo que resalta en las actividades desarrolladas por la asociación en redes sociales. La escala internacional que han alcanzado estos vínculos es altamente valorada en el discurso metaagentivo del grupo (Ahearn 2010). Durante la pandemia, el equipo decidió grabar breves videos con narraciones de cuentos para niños en quechua, que han circulado ampliamente en Facebook (figura 2). Estas experiencias les han permitido conectarse con asociaciones de libros cartoneros y con agrupaciones comprometidas con la revaloración de las lenguas originarias, ambas a nivel global. Al inicio, los miembros de la asociación no eran conscientes de la importancia que cobrarían actividades como estas; ahora, les resulta “sorprendente que, en el momento más duro, que ha sido la pandemia, es donde más hemos crecido” (entrevista, 17/01/2022).

Los buenos resultados del proyecto condujeron a que la fundadora fuera una de las invitadas por el Ministerio de Cultura a la importante Feria del Libro de Guadalajara como parte de la delegación peruana en diciembre de 2021, un claro reconocimiento estatal. Sin embargo, no ha habido hasta el momento un acercamiento del Estado para replicar la experiencia de Sarhua y hacer una suerte de escalamiento de la misma, ni por parte del sector Cultura ni del sector Educación. De este modo, por el lado estatal, la actividad se ha restringido, por el momento, al ámbito municipal en una región específica de la sierra surcentral peruana. De cualquier forma, en esta escala local, se debe resaltar el hecho de que, como consecuencia del proyecto, la asociación firmó un convenio con la municipalidad para que los mediadores se acercaran cada dos meses a Sarhua para hacer nuevas actividades vinculadas a la lectoescritura y para reforzar las capacidades de los trabajadores que han quedado a cargo. Sin embargo, la concreción de estos servicios se ha visto obstaculizada por el constante cambio del personal y por la falta de motivación del mismo. Refiriéndose a las opciones estatales, Yesenia Montes afirma: “Es frustrante y sabemos también que es así; por eso, nuestras esperanzas nunca han estado en ellos sino en otros lados”, con lo que se refiere a las alternativas que tiene la asociación en fuentes externas y voluntarios locales.

Estas no son las únicas desventajas que reporta el grupo en su corta pero ya intensa trayectoria de vínculos con el Estado: también destaca la burocratización y la lentitud en el desarrollo de acciones básicas, como la asignación de recursos, para garantizar la marcha de las iniciativas. Yesenia Montes resume este rasgo usando una metáfora basada en una palabra quechua, amuqllu: “No sé cómo se dirá en español. Amuqllu es algo así como una dificultad, algo con muchos pasos, como burocrático, ¿no? Amuqllu es como una papera, pero que no te deja avanzar fácil, que se demora mucho” (entrevista, 17/01/2022). La palabra se define en los diccionarios castellano- quechua como un incordio o una buba (Perroud y Chouvenc 1970; Soto Ruiz 1976); es decir, un tumor blando, comúnmente doloroso, que se presenta en la ingle, las axilas y el cuello. La imagen muestra que los embrollos burocráticos, para esta asociación, se sienten en el cuerpo. Encontramos acá una buena ilustración de la concepción de la agencia —y de las trabas que esta encuentra en el camino— como una serie de procesos fuertemente vinculados con la corporalidad (Parish y Hall 2021).

Por otra parte, se puede notar en el discurso de este grupo una representación de la burocracia estatal como una red con agencia propia, a la manera de una fuerza abstracta que opera más allá de la voluntad y el control de los actores involucrados, y en ocasiones esto incluye no solo a los activistas sino también a los propios funcionarios estatales. Por ejemplo, muchas veces las autoridades “nos han ayudado, pero con dinero de su bolsillo” para realizar una actividad, porque ellas mismas sabían que los fondos estatales no estarían disponibles en el momento requerido (entrevista a Yesenia Montes, 09/06/2022). Estamos ante una percepción de la agencia estatal que puede terminar borrando responsabilidades y dificultando una dimensión clave de la noción de agencia, como es la evaluación (Duranti 2004), dimensión que conduce, en última instancia, a la rendición de cuentas (Parish y Hall 2021). Parece claro que la teorización sobre la agencia en la sociolingüística crítica tiene en este punto un importante trabajo pendiente.

Hemos discutido dos iniciativas a favor del quechua desde la sociedad civil que se vinculan con el Estado de distintas maneras. Ambas revelan haber experimentado serios obstáculos que se derivan de sus diferentes posicionamientos frente a las alternativas oficiales a favor de la diversidad. QPT no cree en el compromiso del Estado en relación con las lenguas originarias y opta por no vincularse con él porque encuentra una diferencia sustancial entre la perspectiva ideológica oficial y la suya; sin embargo, en la práctica, termina negociando con algunas instituciones estatales y, en cierto grado, despliega acciones influidas por los enfoques hegemónicos en torno al quechua y a su enseñanza. Por su parte, la Asociación Puriyninchik decide establecer vínculos con las propuestas estatales, pero resulta claro que no pone todas sus energías en esta opción; además, enfatiza dificultades en las acciones orientadas a dar sostenibilidad a sus intervenciones y señala inequidades vinculadas a la apropiación del registro para la elaboración de proyectos. La revisión de las experiencias muestra, pues, que las huellas estatales están incluso allí donde los actores rechazan este vínculo tajantemente en su discurso metaagentivo, y que las iniciativas exitosas comprometidas con las instancias oficiales optan estratégicamente por no concentrar todos sus esfuerzos y expectativas en estos caminos. Así, no es que el Estado esté ausente en ciertos activismos y del todo presente en otros: al parecer, está lejos y cerca a la vez —en diferentes dimensiones, aspectos y medidas— en las experiencias orientadas hacia ambos polos del eje relación con el Estado, eje que estamos proponiendo para enriquecer la reflexión sobre el activismo lingüístico latinoamericano.

Ambas iniciativas tienen en común el mostrar agentividad y activismo. Las dos desarrollan los tres tipos de orientaciones estratégicas propuestas por De Korne (2021): creación de recursos; conexión entre personas, objetos y espacios; y cambio de representaciones, pero colocan mucha fuerza en la modificación paulatina de las representaciones sobre las lenguas originarias y sus hablantes, aspecto en el que el Estado no ha tenido precisamente logros significativos en las últimas décadas. Es más: podemos observar que incluso cuando algunas instancias estatales se comprometen activamente en la defensa de los derechos lingüísticos, muchas veces las ideologías arraigadas sobre el quechua y las identidades indígenas frenan el alcance de sus acciones. Quisiéramos reseñar brevemente un caso que puede ilustrar lo anterior, referido al Tribunal Constitucional (TC), la máxima instancia de control de la constitucionalidad en el sistema jurídico peruano.

Siguiendo la nueva normativa del Estado a favor de la diversidad cultural y lingüística (ver Introducción), el TC decidió hace unos años empezar a utilizar el quechua en sus comunicaciones institucionales y en su página web. Asimismo, declaró como “caso emblemático” la denuncia de María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco, una mujer quechuahablante que fue obligada por un municipio provincial a firmar un documento, escrito en castellano, por el cual renunciaba a su horario habitual de ventas en el mercado local 7 . Aunque en el año 2018 el TC le dio la razón a la demandante y obligó al municipio provincial a revocar la medida, las acciones de largo plazo que se propuso llevar a cabo para revertir las estructuras estatales que habían conducido a esta afectación de derechos se toparon rápidamente con representaciones arraigadas sobre las lenguas indígenas y sus hablantes que han restringido el alcance de las políticas oficiales. Por ejemplo, la percepción equivocada de que, en la práctica, existe un “bilingüismo generalizado” que hace innecesario el uso del quechua en los ámbitos públicos; la idea errónea de que el quechua “no se lee”, al ser representado como una “lengua oral”; el esencialismo, que ata el uso del quechua a determinados modelos de persona marcados por la ruralidad y manifestaciones culturales como la vestimenta tradicional; y, por último, la noción de que es necesario establecer una única variedad estándar del quechua, cuando, en realidad, estamos ante una familia lingüística con una compleja y marcada variación en su interior. En este sentido, cuando el TC intentó coordinar con otras instancias estatales para generalizar sus acciones orientadas a cautelar los derechos lingüísticos, se pudo observar un Estado fragmentado que actúa a la vez “a favor” y “en contra” de las lenguas originarias y sus hablantes.

Y es que, como ha resaltado Huber (2021: 72), “lejos de ser un bloque homogéneo, el Estado es el resultado dúctil de un conjunto de prácticas, discursos y reglas que disimulan diferentes niveles del ejercicio del poder y dominación”. Es ante este Estado fragmentado y contradictorio, que constituye “en realidad una multiplicidad de instituciones que pocas veces actúan con el mismo interés e idéntica motivación” (Kertzer y Arel 2002: 7), que maniobran las agrupaciones sociales comprometidas con la revitalización del quechua. Los miembros de estas iniciativas perciben en el Estado esta ambigüedad ante las lenguas originarias, toman distancia crítica de él con escepticismo y se encargan de reconfigurar muchas de las representaciones dominantes que este ha desplegado históricamente. No obstante, también aprovechan aquellas oportunidades que se abren aun desde paradigmas neoliberales y despolitizados. El hecho de que la Asociación Puriyninchik haya redirigido su propuesta hacia la problemática de la revitalización del quechua se debe precisamente a esto último.

Aunque sabemos que el Estado no tiene un carácter homogéneo, es bien conocida su débil capacidad y escasa legitimidad en nuestros países, así como la denominada brecha de implementación entre el contenido de la ley y lo que realmente se cumple, sobre todo con relación a las lenguas originarias. Son menos difundidas las estrategias de las iniciativas ciudadanas que están actuando agentivamente en un contexto de marcos legales favorables a la diversidad, pero también de repliegue neoliberal del Estado. A partir de un despliegue agentivo como un proceso continuo y no como un conjunto de actos discretos (Ahearn 2010), muchas de estas iniciativas están teniendo un impacto importante en la población, impacto que puede estar sobrepasando lo que el Estado ha conseguido en este campo a lo largo de varias décadas. Cabría preguntarnos si este margen de acción que se reservan las iniciativas fuera del Estado es justamente lo que les permite avanzar en el cambio de representaciones que estamos observando. Además, los nuevos activismos quechuas también impactan de forma potente sobre la dimensión afectiva de las personas, en el sentido de que están redefiniendo las identidades que movilizan sus vidas a través de procesos emocionales fuertemente vinculados con lo corporal (Parish y Hall 2021). Como lo ha discutido la bibliografía contemporánea (Leonard 2017), los movimientos de reclamación de lenguas minorizadas se sitúan en ecologías socioculturales particulares que integran una mayor cantidad de componentes que los que el Estado contempla. A diferencia de las políticas estatales, y al igual que en otros contextos, los movimientos reseñados son “apasionados, políticos y profundamente personales” (Hermes, Bang y Marin 2012: 383). No resulta casual que en las dos iniciativas examinadas destaque la presencia de psicólogos, ni que los estudios previos hayan resaltado el papel de los artistas musicales en estos procesos (Zavala 2019; Zevallos Aguilar 2011; Andrade y Howard 2021).

Cabe resaltar que estas iniciativas ciudadanas están siendo lideradas por un nuevo tipo de actor social en la escena peruana: sus gestores son jóvenes, hijos o hijas de sujetos racializados hablantes de lenguas originarias; han podido acceder a la educación superior, interactúan intensamente con los nuevos medios y viven actualmente en las ciudades, aunque tienen trayectorias bilingües heterogéneas. Así, una mirada sociológica más atenta a los protagonistas de los nuevos activismos lingüísticos puede ser iluminadora en el futuro. Las características reseñadas ponen a estos jóvenes en condiciones ideales para aprovechar de maneras novedosas y creativas las oportunidades que el Estado les ofrece hoy en día a los pueblos originarios, opciones de las que no gozaron sus padres y abuelos. Sin embargo, como hemos visto a lo largo de este estudio, las agrupaciones que forman estos actores tampoco son homogéneas; muestran una diversidad de trayectorias, ideologías y estilos estratégicos, entre los cuales se encuentra su particular posicionamiento ante las propuestas estatales. En este artículo, esperamos haber mostrado la relevancia de esta última dimensión para entender mejor las maneras en que se está desplegando el activismo lingüístico latinoamericano en nuestros días.